El magistrado les atribuye un delito de corrupción en los negocios cometido por medio de organización criminal y cifra en 100 millones de euros el dinero defraudado entre 2006 y 2011, el periodo en el que se centra la investigación. Según el informe del fiscal en el que se basa la imputación, dicho fraude "no podría desarrollarse sin la actuación concertada con las diferentes cadenas televisivas", que "no activaron ni aplicaron protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos, ni implementaron eficazmente mecanismos de control o reacción idóneos para detectar las actuaciones criminales cometidas en el seno de sus corporaciones, permitiéndose así la emisión de repertorios musicales no con criterios de calidad, obtención de audiencias u otros fines lícitos para tales entes televisivos, sino con un objetivo de carácter defraudador".
Entre los 14 entes imputados se encuentran los dos principales grupos audiovisuales españoles, Atresmedia y Mediaset, así como RTVE. También han sido imputadas Canal Sur, TV Extremadura, Radiotelevisión del Principado de Asturias, Televisión de Galicia, Radio Televisión de Aragón, Televisión de las Illes Balears, Radio Televisión Española, EITB, Telemadrid, Televisión Pública de Canarias, Radio Televisión de Castilla y León y la Televisión de Castilla-La Mancha. Todos ellos tienen un plazo de cinco días para que se personen en la causa designando abogado y procurador.
Tal y como explicábamos en un artículo titulado "A vueltas con la rueda" y publicado en 2018, "la rueda" es un sistema utilizado por las televisiones para recuperar parte de del dinero que se ven obligados a pagar por imperativo legal a SGAE. En 2015 el 80% de los ingresos de SGAE en el terreno de la música (250 millones de euros) provenía de esa cuota que pagan las televisiones. Estas, a raíz de ello, comenzaron a crear departamentos editoriales que fichan a sus artistas y los colocan en series y películas de la casa, además de nutrir la “rueda” de actuaciones que tienen lugar en horario de madrugada, actuaciones a menudo casi inaudibles y con mínima audiencia. Y aunque lo descrito aquí no es ilegal, dicho sistema fue usado sistemáticamente para defraudar dinero de diversas formas.
Determinados intermediarios comenzaron a utilizar su posición para colocar a diversos músicos en esa rueda y como atrezzo en programas de TV a cambio de que aceptasen inscribirles como coautores de sus canciones. En consecuencia, los intermediarios en cuestión recibían por parte de SGAE su porcentaje correspondiente del 50% estipulado por ley para los autores en el negocio de las editoriales. Estos intermediarios trabajaban en connivencia con trabajadores de las televisiones, abonando comisiones "para que su repertorio se difundiera en horas nocturnas, con preferencia a otras obras".
La forma más habitual de fraude, la que de hecho utiliza el juez Moreno como definición de "la rueda" en el auto, es esta: se tomaban obras originales de dominio público, se realizaba una mínima o incluso nula modificación y se registraban como arreglos nuevos "bien a nombre de los denunciados o personas de su entorno o a nombre de sociedades creadas a tal fin como cesionarias de los derechos de autor", como explica el juez Moreno. Posteriormente, esos arreglos sonaban en programas emitidos de madrugada, especialmente entre las 3 y las 6 de la mañana. Su única función era recaudar el dinero de los derechos de esas obras. Uno de los detenidos en la operación de 2017 llegó a registrar alrededor de 6.000 canciones en cinco años.
El procedimiento se inició en 2016 a raíz de una denuncia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional interpuesta en 2016, tras recibir a su vez una serie de denuncias por parte de diversas asociaciones y socios de la SGAE. En 2017 tuvo lugar un operativo en el que la Policía Nacional registró la sede de la SGAE y varios domicilios privados en búsqueda de información relacionada con el fraude conocido como "la rueda".
Ya en 2013 el entonces presidente de la SGAE, Antón Reixa, destapó publicamente el sistema, hecho que -tal y como explican Ainara LeGardon y David García Aristegui en “SGAE: el monopolio en decadencia” (Consonni, 17)- habría contribuido a su destitución, que tuvo lugar al año y medio de ser elegido. En una entrevista ofrecida por Reixa a eldiario.es tras el operativo de la Policía Nacional aseguraba, además, que el Ministerio de Cultura tenía pleno conocimiento del fraude.
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